Se publica a medianoche. El borrador al que tuvo acceso Página/12 no tiene detalles sobre la verdadera naturaleza del entendimiento, pero le sirve al Gobierno para dejar de lado la legislación vigente que lo obliga a mandar un proyecto de ley al Congreso.
El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que refrenda el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sin pedir la opinión ni el apoyo del Congreso Nacional. “Apruébanse las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el FMI”, dice el texto de decreto. Según el texto del documento, el “plazo de amortización será de hasta 10 años”.
Los fondos, en el texto no se especifica cuál es el monto, serán destinados a la cancelación de “las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central” y “las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas de 2022 cuyo vencimiento opere dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo”. El texto reproduce el mismo libreto que viene repitiendo el Gobierno y asegura que decidieron “no comprometer su política económica de déficit cero” por lo que “los fondos recibidos deberán ser utilizados exclusivamente para cancelar deudas del Tesoro Nacional, con el Banco Central y deudas con el FMI”. De todas formas, el acuerdo, que sigue sin conocerse, aún debe ser aprobado por el “board” del organismo internacional.
El gobierno anunció la semana pasada que “enviaría un DNU al Congreso” para que se apruebe el acuerdo, pero en rigor lo que está haciendo es saltearse la aprobación del Poder Legislativo, ya que el DNU tiene vigencia desde que se promulga y dejaría de ser válido si ambas cámaras del Congreso lo rechazan. Es decir, el tratamiento parlamentario es el mismo que con cualquier norma de este tipo.
A raíz de esto, diputadas y diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron una denuncia penal en la que sostienen que este accionar desconoce la legislación vigente e ignora las facultades del Poder Legislativo. El escrito, realizado con el patrocino letrado del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, sostiene que los delitos podrían “ser tipificados en las figuras de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” y solicita que “se disponga de inmediato y, tras la vista del Ministerio Público Fiscal, la medida cautelar impeditiva de toda continuidad del obrar presuntamente ilícito denunciado”. El sorteo del expediente recayó en el Juzgado federal de Sebastián Ramos y en la fiscalía de Fiscalía en lo Carlos Rívolo. El escrito fue presentado por los diputados nacionales Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio César Pereyra, Victoria Tolosa Paz, Sabrina Selva y Brenda Vargas Matyi.
En la misma línea, el senador Martín Doñate, también de Unión por la Patria, señaló, luego de que se conociera la firma del decreto que “la desesperación de Milei es total. Él mismo y todo su gabinete están involucrados en este verdadero delito de estirpe constitucional. Lo admite su propio decreto: si el FMI no les da dinero, su gobierno colapsa. No por herencia, no por terceros, sino por las propias decisiones que tomaron en estos meses. Violaron la Constitución. Usurparon funciones del Congreso. Endeudaron a la Argentina a espaldas del pueblo. Este golpe de Estado en democracia es la síntesis de un modelo de saqueo: un nuevo ciclo de endeudamiento feroz para sostener ficticiamente el tipo de cambio hasta las elecciones, reventando millones de dólares por día del Banco Central para financiar la bicicleta financiera de Caputo, sus socios y sus amiguito”.
El legislador aseguró que “en solo 15 días, pasamos de una cripto-estafa a la mayor estafa financiera de la historia. Milei empezó vendiendo humo con la libertad financiera y ahora entrega la Argentina atada de pies y manos al FMI para que Caputo y sus socios sigan saqueando el país. Del fraude digital al fraude institucional. Del delirio libertario al golpe financiero. Y esta deuda infame no la vamos a reconocer. Esta es una deuda ilegítima, fraudulenta, canalla. La Argentina no tiene por qué pagar el negocio de un puñado de privilegiados a costa del dolor de todo el pueblo argentino”.
